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Resumen de Noticias

Deberá cumplir 51 años y 10 meses de cárcel por violación, tortura y feminicidio de la niña Yuliana Andrea Samboni
Condena a Rafael Uribe Noguera: entre acusaciones mutuas y ante una sociedad dividida
La jueza reprochó a la Fiscalía inactividad en 15.083 casos de violencia, la Fiscalía consideró muy leve la condena y pidió 60 años de cárcel para el acaudalado monstruo

“A cada momento que pasaba, le costaba más mantener la apariencia de Jekyll. Siempre que se dormía despertaba con la forma de Hyde.”

Fragmento de la novela “El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde”, de Robert Louis Balfour Stevenson (1850 - 1894) novelista, poeta y ensayista escocés.


Bogotá D.C., marzo 30 de 2017. Sala de Redacción de ACCIÓN 13 Noticias. Con la condena a 51 años y 10 meses de prisión por los delitos de secuestro agravado, acceso carnal violento y feminicidio, que la Jueza 35 Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Bogotá, impuso ayer al arquitecto Rafael Uribe Noguera, parecería estarse cerrando uno de los casos de violencia no política, más sonados en los últimos tiempos en Colombia, pero entre dimes y diretes se evidencia la ineficiencia del Estado y una sociedad dividida entre sentimientos de escepticismo e impotencia.

Deberá cumplir 51 años y 10 meses de cárcel por violación, tortura y feminicidio de la niña Yuliana Andrea Samboni, condena a Rafael Uribe Noguera entre acusaciones mutuas y ante una sociedad dividida, condena a Rafael Uribe Noguera entre acusaciones mutuas y ante una sociedad dividida

Rafael Uribe Noguera. Foto crédito: Captura de Internet.

Para la Jueza 35 Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Bogotá, y luego de un extenso análisis, la retorcida conducta del arquitecto Rafael Uribe Noguera, al haber secuestrado, torturado, violado y asesinado a la niña Yuliana Andrea Samboni Muñoz, de 7 años, fue tan brutal que ameritó una condena a 622 meses de prisión y una multa de 100 salarios mínimos vigentes.

Además, Uribe Noguera, miembro de una acaudalada y prestante familia colombiana, no podrá gozar de ningún tipo de rebaja en la pena, puesto que la ley 1761 de 2015, por la cual se crea el tipo penal de feminicidio como delito autónomo, la cual también es conocida como Ley Rosa Elvira Cely, dificulta cualquier tipo de beneficio judicial:

Ley 1761 de 2015, Artículo 5°: Preacuerdos. La persona que incurra en el delito de feminicidio solo se le podrá aplicar un medio del beneficio de que trata el artículo 351 de la Ley 906 de 2004. Igualmente, no podrá celebrarse preacuerdos sobre los hechos imputados y sus consecuencias.

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La Jueza tuvo en cuenta la plena consciencia de Uribe Noguera al momento de preparar el crimen para lo cual consumió drogas estupefacientes y alcohol para aumentar su libido, antes de acudir a un barrio habitado por personas de escasos recursos, ubicó a la víctima, una niña pequeña e incapaz de resistírsele, la "más débil de entre los débiles: mujer, niña y pobre", la secuestró y la trasportó hasta donde finalmente sació sus bajos instintos en la niña sometiéndola a todo tipo de vejámenes y torturas antes de violarla y luego matarla. “Los fragmentos de muestra en las uñas de la menor también dieron positivo respecto a Rafael Uribe. Quedaron en su cuerpo huellas biológicas. Los actos de Rafael fueron dirigidos a la impunidad de su conducta”.

La Jueza hizo notar que todo lo que hizo el arquitecto apuntó a lograr la impunidad en el crimen, lo cual incluyó el preordenar su conducta consumiendo las drogas y el alcohol para fingir un estado mental alterado, pero "Si el comportamiento del acusado fuera el de un enajenado, como lo quiso hacer ver, no hubiera realizado todo con la presión de un reloj".

También se encargó de delimitar el crimen cometido por Uribe Noguera, en el tipo penal del feminicidio: “El de Yuliana fue un feminicidio, como siempre que antecede la violencia sexual al asesinato de una mujer. Yuliana hacía parte de una familia indígena, agobiada por la escasez económica, desarraigada, ingenua. Era la más débil entre las débiles. La violencia contra la mujer en Colombia obedece a los rezagos de una sociedad profundamente machista. Y, en general, la violencia contra la mujer constituye una manifestación de ejercicios de poder desiguales históricamente arraigados”.

Pero la Jueza no solo se limitó a analizar el comportamiento criminal de Uribe Noguera, sino que además se permitió señalar que la Fiscalía logró realizar todos los momentos procesales en tiempo récord, y aunque destacó la rapidez con la que se desarrolló el caso, se preguntó si con este mismo afán se dará respuesta a 15.083 casos de violencia en el país, y llamó la atención porque en Colombia, de 122 casos de feminicidios, menos del 10% tuvo una sentencia condenatoria contra los implicados.

Para la Jueza, con la rapidez con que reaccionó el ente investigador en el caso de la muerte de la niña "Se demostró que pueden trabajar en llave la Fiscalía y la Policía. Cuando quieren, pueden".

Esa eficiencia en la investigación del caso del feminicidio de la niña Yuliana Andrea Samboni "Es un llamado a que las víctimas tengan la oportunidad de hacer justicia", dijo la jueza, y reprendió a la Fiscalía indicándole que la sentencia condenatoria contra Uribe Noguera no puede exhibirse como un trofeo: La Fiscalía "no podrá retirarse de la sala como un trofeo porque acá no se ganó nada; si lo hace estará exhibiendo la impunidad a las víctimas de violencia sexual, estará mostrando que como sociedad hemos fracasado. Sólo podrá ser un trofeo si es el abrebocas del acceso de las víctimas a la justicia", la Jueza dijo esto aludiendo a la repulsiva impunidad existente en estos casos y enfatizó que “Hasta que la Fiscalía muestre resultados alrededor de violencia sexual y feminicidio y procurarles pronto acceso a la justicia, sólo cuando la violencia contra la mujer se reconozca como de interés público, y sólo cuando la sociedad exteriorice actos de tolerancia sobre la identidad de género, podremos demostrar que Yuliana no murió en vano”.

La Jueza reconoció el trabajo realizado por la Administración Distrital y de la Secretaría de la Mujer, llamó la atención sobre la exposición "innecesaria de las víctimas y de su dolor (...) No es el empoderamiento que se pide para las víctimas de violencia sexual".



Foto crédito: Captura de Internet.

Rafael Uribe Noguera, secuestró, torturó, violó y mató a la pequeña hija de Juvencio Samboni y Nelly Muñoz, dos humildes desplazados por la violencia, el pasado 4 de diciembre de 2016, y mientras las autoridades buscaban a la niña y luego al propietario de la camioneta Nissan X-trail color plata, modelo 2009, de placas DBO960 en la que la pequeña fue trasportada, entran en la escena los hermanos del feminicida, Francisco y Catalina Uribe Noguera, quienes según las autoridades habrían tratado de encubrir a Rafael; sin embargo y pese a las infames maniobras dilatorias desplegadas por los tres hermanos Uribe Noguera, el criminal fue detenido el 05 de diciembre de 2016 en la Clínica Navarra ubicada en el norte de Bogotá.

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El brutal crimen despertó el repudio y la solidaridad de la ciudadanía quienes por Redes Sociales empezaron a exigir justicia y cuando se conoció la identidad del feminicida y se confirmó que este era miembro de una familia de la alta sociedad colombiana y que ostentaba unos apellidos ligados a la órbita del poder, grupos de personas auto-convocadas se reunieron en los puntos clave donde se desarrolló la tragedia: El edificio Equus 66, donde fue muerta la niña y la Clínica Navarra donde fue internado el feminicida Rafael Uribe Noguera, para tratar de evadir la acción de las autoridades argumentando problemas cardiacos a causa de una sobredosis de droga y alcohol. Esto lo habría hecho aconsejado por su hermano Francisco, abogado de la prestigiosa firma Brigard & Urrutia.

En ambos sitios y por Redes Sociales, la ciudadanía indignada no solo escrachó a los Uribe Noguera, denunciando a los cuatro vientos su identidad, parentesco, relaciones comerciales y profesionales, etc, sino que exigieron que no debía producirse impunidad debido a la posición social y económica de los tres hermanos, el uno el feminicida y los otros dos sus encubridores.

En un país como Colombia, tradicionalmente gobernado por unas pocas familias cuyos apellidos se repiten en las diferentes posiciones de poder y como dueños de los grupos económicos y de los medios de comunicación, es lógico temer la impunidad y el encubrimiento de un crimen cuya víctima era una niña desconocida y de escasos recursos económicos, por eso la rabia y el celo con que la ciudadanía se concentró en los Uribe Noguera, hasta que el criminal fue arrestado el 05 de diciembre de 2016 y sus hermanos llamados por la Fiscalía como posibles encubridores.

Ayer, mientras adentro del complejo judicial de Paloquemao, sede de los juzgados penales, se daba lectura a la sentencia condenatoria contra Rafael Uribe Noguera, afuera un grupo de ciudadanos indignados exigía que la condena fuera la máxima aplicable para ese tipo de crímenes: 60 años.

Cuando trascendió que la condena fue de 51 años, esos mismos grupos protestaron y también se manifestaron exigiendo cadena perpetua contra los abusadores de niños y niñas y llamaron indolente a la Jueza y demasiado condescendiente con el criminal.

En todo caso la Fiscalía presentó el recurso de apelación pidiendo los 60 años de cárcel sin rebajas, y ahora la ciudadanía aguarda no solo que la pena contra Rafael Noguera, sea la más severa, sino que sus dos hermanos, Francisco y Catalina Uribe Noguera, también sean castigados con severidad máxima por el delito de encubrimiento.

Ese reproche social creciente contra los Uribe Noguera, se une a una tendencia ciudadana que llama a no votar en las próximas elecciones por aquellos miembros de las familias que han gobernado el país casi que desde su independencia de España tratando de romper así con el control que esas poderosas e influyentes familias ejercen sobre todos los estamentos, en especial ahora que varios hijos o nietos de ex presidentes o de los políticos tradicionales aspiran a la Presidencia de la República, ejercen altos cargos o aspiran a mantenerse en el Congreso.

Por lo pronto, Juvencio Samboní, el padre de la niña inmolada, dijo ayer a la salida de la audiencia que “Yo creo que falta justicia. Estaba de acuerdo con la pena de muerte, pero en este país siempre hay obstáculo y ponen las penas bajas y por eso estamos como estamos. Yo esperaba los 60 años”.

Por su parte la directora nacional del ICBF, Cristina Plazas Michelsen, dijo que “Como colombiana, exijo que la condena se cumpla en su totalidad en una cárcel y no caigamos en el juego de las reducciones, que serían un nefasto mensaje para Colombia y un estímulo para los agresores. A ellos, a estos criminales, todo el peso de la Ley”.

Con información de: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/c-297-16.htm, http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14787, http://www.eltiempo.com, http://www.eltiempo.com/, https://www.elheraldo.co/, http://www.semana.com/, https://www.minuto30.com/, http://www.lafm.com.co/, http://www.elespectador.com, http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62278.

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