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Resumen de Noticias

Crece malestar por “sigilo” con que se maneja el caso alimentando rumores
Continúan denuncias de “Falso Positivo Judicial” en caso de detenidos por bomba en Centro Andino
Mientras familias de las víctimas aguardan a que se haga justicia verdadera

“No le fallamos a Colombia, hoy dejamos las armas”

Rodrigo Londoño ('Timochenko'), líder de las FARC.


Bogotá D.C., 29 de junio de 2017. Sala de Redacción de ACCIÓN 13 Noticias. Abogados, familiares y amigos de los nueve implicados como presuntos autores del atentado terrorista en el Centro Comercial Andino de Bogotá, continúan reiterando su inocencia, el desconocimiento de sus garantías procesales y que son víctimas de un montaje estatal para inculparlos, mientras la ultraderecha trata de sacar partido acusando a las FARC.

Continúan denuncias de “Falso Positivo Judicial” en caso de detenidos por bomba en Centro Andino

Foto crédito:

Continúa enrarecido el ambiente político en Colombia, especialmente después del anuncio hecho por el gobierno de Juan Manuel Santos Calderón, de que el proceso de desarme del antiguo grupo guerrillero de las FARC, se completó en un 100% y por tanto 7.132 armas individuales de los insurgentes fueron entregadas a los representantes de la ONU, con lo cual terminó una de las guerras más antiguas del planeta y que en sus más de 50 años provocó unos ocho millones de muertes. Aún quedan pendientes más de 600 caletas, que deberán ser extraídas antes del 1 de septiembre, pero en la practica la guerra terminó.

En otros lugares del mundo el fin de una guerra tan larga y sanguinaria habría provocado estallidos de alegría en las calles y se habría vivido un carnaval, pero en Colombia la paz llegó en silencio, en medio de la indiferencia o el escepticismo de muchos…tal vez demasiados.

Y así pues, desde que la paz es ya una realidad, la ultraderecha ha radicalizado más sus posiciones y por ende su discurso se ha hecho más virulento en contra de las hoy desmovilizadas FARC, del Presidente Juan Manuel Santos Calderón y de la izquierda y dentro de esa polarización ha quedado atrapado el infame atentado perpetrado contra la población civil en el Centro Comercial Andino, en el norte de la ciudad de Bogotá, y que se saldó con tres mujeres muertas y ocho heridos, una de ellas tan grave que se le debió amputar una pierna.



Foto crédito: Twitter.

Primero, y en una forma que no puede calificarse diferente a canalla, Trolls de ultraderecha se concentraron en viralizar cadenas vía Facebook y WhatsApp, en las que acusaban a una de las víctimas fatales de la bomba, a la joven ciudadana francesa Julie Huynh, de ser una guerrillera de las FARC, y de haber estado instalando la bomba cuando le detonó.

Al respecto no escatimaron expresiones injuriosas para referirse a ella estigmatizándola por ser voluntaria en una ONG, aprovechando que el Presidente colombiano Juan Manuel Santos Calderón se reunía con su homólogo francés Emmanuel Macron, para dentro de ese marco atacar el proceso de paz con las FARC.

En esa dirección no dudaron en tachar de terrorista a la señora Nathalie Nadine Verónique Levrand, madre de la joven Julie, y quien además resultó herida en el atentado.

Pero luego que se conocieron las capturas de nueve personas a quienes la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional sindican de ser responsables del bombazo y de ser miembros de un obscuro un nuevo grupo terrorista denominado Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP), la ultraderecha se concentró en tratar de vincular a las FARC con el atentado.



Foto crédito: Twitter.

Si bien esto ya es grave por cuanto vendría a arrojar muchas incógnitas adicionales sobre quien está tras el atentado terrorista si vemos que los únicos beneficiados con la bomba son los interesados en desacreditar el proceso de paz con las FARC, muy grave también resultan otras manifestaciones realizadas en las Redes Sociales, en las que se pretende tachar de terroristas a las universidades públicas y a las ONG.

Esa misma posición fue normal durante el larguísimo gobierno del líder de la ultraderecha, el ex Presidente Álvaro Uribe Vélez, y derivó en sangrientas persecuciones contra opositores, líderes sindicales, miembros de la izquierda, y defensores de los Derechos Humanos. El gobierno Uribe dejo en Colombia 32000 desaparecidos, (según cifras de la Unidad de Justicia y Paz) las chuzadas el espionaje ilegal de jueces, diputados y defensores de derechos humanos por el que están en prisión ex responsables de los servicios secretos del Estado (DAS), 1.700 jóvenes asesinados en los "falsos positivos", civiles desarmados presentados luego como guerrilleros muertos en combate…tristes resultados de la tan cacareada "seguridad democrática".

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Dentro de ese marco de peligrosa intolerancia política, no vista en Colombia desde la década de los 40 cuando se inició la denominada violencia entre Liberales y Conservadores y que terminaría convirtiéndose en la guerra con las FARC, que por fortuna ya terminó, el atentado terrorista en el Centro Comercial Andino, se convierte en otra arma para esgrimir por parte de la ultraderecha contra la izquierda… y cuando alguien recuerda que la guerra ya terminó, que las FARC se desmovilizaron y desarmaron, que la aurora de la paz podría además traer progreso al país, se apresuran a exhibir la tragedia venezolana mostrando el “horror castrochavista” como el Cuco se le muestra a los niños necios.



Por Facebook circula este video presentando otra versión de lo que hay tras las capturas de los presuntos responsables del bombazo en el Centro Andino. El mensaje solo recoge algunas de las muchas dudas que los informes de la Fiscalía y la Policía, han entregado sobre el ataque terrorista.

Y mientras los Trolls de la ultraderecha saciaban su sed de odio en la infortunada Julie Huynh, y las FARC emitían un comunicado condenando el atentado, y el grupo insurgente ELN, actualmente en conversaciones de paz con el gobierno también se desligaban del brutal ataque contra civiles y lo condenaban, y otro de los sospechosos, el Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP), distribuía un comunicado donde negaba la autoría del execrable bombazo, las autoridades insistían en que la investigación iba por buen camino, que las 250 cámaras de seguridad del Centro Comercial, eran piezas clave para identificar a los terroristas.

Entonces un trascendido de la Fiscalía, puso en manos de los medios un identikit de los sospechosos por cuya información se ofrecían 100 millones de pesos.

Pocas horas más tarde el propio Fiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez Neira, desmintió la validez de los retratos hablados. 'Retratos hablados en el Andino no corresponden', dijo sin empacho Martínez Neira.

No bastaba con lo extraño que ya resultaba el que si se disponía de imágenes captadas por las cámaras de vigilancia y se estaba ofreciendo una recompensa, las autoridades prescindieran de los videos y optaran por rústicos dibujos, sino que ahora ni siquiera con eso se contaba…y sin embargo las investigaciones iban por buen camino.



Foto crédito: Twitter.

En un país tan polarizado y lleno de odio como lo es Colombia, acostumbrado a crímenes de Estado y todo tipo de conjuras propias de una novela de Tom Clancy, víctima de todo tipo de injusticias o de negación de justicia, resulta obvio que la gran mayoría de la ciudadanía, sin distingo de credo político, no crean en las versiones oficiales y piensen que el Fiscal y la Policía ocultan algo. Foto crédito Twitter.

Una semana después del atentado la Fiscalía y la Policía anunciaron la captura de ocho personas, no divulgaron sus identidades pero dijeron que los arrestos habían sido acompañados de varios allanamientos en los que se incautaron importantes pieza probatorias y que los detenidos eran miembros del terrorista grupo Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP), y que habrían participado en al menos 15 ataques con bombas perpetrados entre 2015 y la fecha en las ciudades de Bogotá y Pereira.

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Al otro día sería capturada la abogada y defensora de Derechos Humanos Natalia Trujillo Novoa.

Entonces se divulgaría la identidad de los nueve detenidos y se diría que eran integrantes de una red urbana del grupo terrorista Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP).

Como Boris Ernesto Rojas Quijano, Lina Vanesa Jiménez, César Andrés Barrera Téllez, abogada Lizeth Johana Rodríguez Zárate, Andrés Mauricio Bohórquez Flores, Juan Camilo Pulido Rivera, Alejandra Méndez Molano, abogada Natalia Trujillo Novoa e Iván Manríquez, fueron identificados los capturados.

Mientras la policía daba a conocer que en los lugares allanados, encontraron artefactos y químicos para elaborar bombas, cables detonantes, estopines, cordones, nitrato de amonio y de potasio, entre otros elementos que se usan generalmente para armar explosivos artesanales, además de las indicaciones para activarlas y que los investigadores habían logrado interceptar mensajes de texto, correos electrónicos y llamadas entre los sindicados que permitiría establecer que el atentado terrorista habría sido planeado en un café internet al lado del Centro Andino, un juez de control de garantías dejaba en libertad a Iván Manríquez, conocido como el Talibán, y quien fue el último en ser capturado en el sur de Bogotá.

Los medios comenzarían a recalcar que varios de los nueve detenidos eran abogados y habían estudiado en la Universidad Nacional. En efecto Lizeth Johana Rodríguez Zárate, alias ‘La Japonesa’, es abogada como también lo son Natalia Trujillo Novoa, y Alejandra Méndez Molano, quien además hace parte del equipo jurídico coordinador del Proyecto Doña Juana, que tiene como fin resolver las solicitudes de reparación de los damnificados por el derrumbe del relleno sanitario.

Lina Vanesa Jiménez, de 28 años, otra de las detenidas y quien es presentada como alias ‘La Mestiza’, es artista plástica de la Universidad Nacional, y Boris Ernesto Rojas Quijano, quien es señalado de ser el líder del grupo terrorista, también fue estudiante en la Universidad Nacional.

El hecho de que en forma tan prolija fueran presentados por los medios de comunicación datos “sueltos” como que los detenidos fueron estudiantes de la Universidad Nacional, ha sido visto por mucho como una forma de estigmatizar ante la opinión pública a los estudiantes de las universidades públicas y como una forma de justificar sus capturas ante una ciudadanía educada a lo largo de décadas para ver en los estudiantes a “comunistas”, “guerrilleros” y “terroristas”, que protestan “por nada y por todo”, sin detenerse jamás a analizar porque son esas protestas.

Igual ocurre con el hecho de que muchos de ellos son abogados y defensores de Derechos Humanos, es decir: Pertenecientes a un sector tradicionalmente visto como el enemigo por parte de las fuerzas militares y la policía y ni se diga de la Ultraderecha.

Y dentro de este clima extraño la juez que adelanta el proceso por el atentado al Centro Comercial Andino, ordenó adelantar las audiencias a puerta cerrada sin presencia de medios de comunicación y por si fuera poco prohibió a los defensores de las personas procesadas dar declaraciones a los medios de comunicación.

¿Por qué?, ¿Qué se quiere ocultar?, esas dos preguntas es imposible mantenerlas alejadas de la mente por cuanto generalmente las audiencias son públicas y además las autoridades presentan las pruebas sin tantas precauciones.

Tal vez por eso cuando los nueve acusados de haber colocado la bomba en el Centro Andino, sostienen que son inocentes y que son víctimas de un “falso positivo judicial”, queriéndolos inculpar para hacer creer a la opinión pública que como Fiscalía y como policía son muy eficientes sin serlo, y que además el atentado fue realizado por un sector de extrema derecha para lograr votos en las próximas elecciones presidenciales y además desprestigiar el proceso de paz con las FARC y el ELN, esa teoría se hace muy creíble.

Igual ocurre cuando lo familiares y amigos de los nueve acusados vociferan en frente del complejo judicial de Paloquemao en cuyo interior se desarrollan esas audiencias “secretas” sobre las que los medios no debemos enterarnos y corean la inocencia de los nueve jóvenes.

Esos mismos desaciertos con que se adelanta la causa por el atentado hace creíbles los argumentos de la defensa de los nueve acusados, y también cuando el ex diputado del Valle, Sigifredo López, sostiene que “El hermetismo forma parte de la estrategia de la Fiscalía para amedrentar a los abogados y a los familiares de los procesados para que no ejerzan su defensa, no es posible que les digan a los abogados que ni siquiera pueden salir a medios, cuando un abogado está en la obligación de defender a su cliente en todos los escenarios de la vida nacional, máxime cuando se trata de acusaciones tan graves como terrorismo“.

López, quien fue uno de los secuestrados de las FARC, liberado luego y después de esto puesto preso en una causa en la cual logró demostrar su inocencia, dijo también que “Estamos en una democracia y la gente tiene derecho a pensar diferente y quienes deciden utilizar la violencia, de alguna manera deben responder por sus hechos, y no por pensar diferente o ser estudiantes de universidad pública se puede catalogar a la gente como terroristas“.

Frases que vienen a resumir en lo que se está convirtiendo uno de los juicios más trascendentales de los últimos tiempos debido a los monumentales intereses que se encuentran involucrados.

Con información de: http://www.publico.es/, http://caracol.com.co/, https://elcronista.co/, http://www.lafm.com.co/, http://www.bluradio.com/, http://www.eluniversal.com.co/.

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