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Resumen de Noticias

Veintitrés días de Paro de Jueces y Fiscales
Paro Judicial afecta tutelas de salud y procesos penales en Colombia
Diferentes voces se alzan para buscar la ilegalidad del cese de actividades

Bogotá D.C., Noviembre 03 de 2012. Sala de Redacción. Una sensación de total indefensión se va apoderando de quienes han interpuesto denuncios ante la Fiscalía y ven como, a parte del usual paquidermismo con que avanzan las investigaciones de los delitos en Colombia, el paro judicial al que se han sumado los Fiscales, amenaza con llevar a la impunidad a diversos ilícitos, entre ellos algunos muy graves. Ni que se diga de los padres de niños y niñas afectados de diversas discapacidades que ven como, su única esperanza de vida, la Acción de Tutela, o no puede interponerse o quedó “atrapada” en los cajones de los jueces en cese de actividades. La historia de un paro que afecta al ciudadano de a pie y pone al Estado de Derecho al borde de un colapso de impredecibles consecuencias.



El cese de actividades de unos 45.000 jueces, fiscales y demás funcionarios judiciales colombianos, se inició el 11 de Octubre último, hoy, tras veintitrés días, el colapso de miles de procesos judiciales está dejando en la indefensión a la ciudadanía.

En Colombia, gracias a un perverso sistema económico donde el gobierno auspicia a empresas privadas para que se lucren con la enfermedad y la vida de los ciudadanos afiliados a un colapsado sistema de salud, se volvió costumbre que los pacientes busquen en los tribunales lo que sus médicos se atreven tímidamente a formularles y sus EPS, (Empresas privadas que intermedian en los servicios de salud de los pacientes), les niegan.

Miles de Acciones de Tutela se presentan anualmente en el país buscando que un juez autorice desde pañales o audífonos hasta medicamentos esenciales para el tratamiento de la epilepsia, cirugías o tratamientos contra el cáncer u otras enfermedades graves, pero ahora, lo que no consiguió el no muy gratamente recordado ex Ministro de Salud Diego Palacio con su “Emergencia Social”, con la que pretendía frenar ese último y desesperado recurso de los pacientes en 2010, ni el polémico proyecto de ley de los senadores Roy Barreras Montealegre y Jorge Eliecer Ballesteros (Partido de La U), para eliminar definitivamente las Tutelas de Salud, lo está consiguiendo el paro judicial.

Los Directivos de la Federación Colombiana de Medicina, expresaron su preocupación por el represamiento de Acciones de Tutela de salud, en los cerrados despachos judiciales, hace tres días y nada más en el Departamento de Caldas, se hablaba de un numero de 200 tutelas paralizadas por el paro de los jueces, pero el numero realmente debe ser mucho mayor no solo en Caldas, sino en el país donde prácticamente todo lo relacionado con la atención medica debe ser peleada ante los juzgados contra unas EPS cada vez más indolentes e insensibles ante el dolor humano.

Pero si en la salud los efectos del paro judicial toma tintes de juego mortal con la salud de miles de pacientes, en el campo de la justicia penal las cosas no se ven mejores.

No solo los Jueces Penales están en cese de actividades, también los Fiscales investigadores, es decir: Aquellos servidores públicos que deben recaudar todas las pruebas para llevar ante los Jueces a los criminales, también están en paro con lo cual miles de investigaciones y de procesos penales en el país se han visto paralizados. Con cada hora de cese de actividades de Jueces y Fiscales, los miembros del hampa, desde los de poca monta, hasta los más peligrosos reyes del crimen organizado, extorsionistas, secuestradores, homicidas, falsificadores y demás, están ganando terreno y arrinconando a la ciudadanía indefensa.

Las víctimas de peligrosos delincuentes ven con temor que sus denuncios, que antes podían tardar hasta tres años y medio en ser atendidos por los Fiscales, se encuentran ahora totalmente abandonados. Aquellos que buscaban mover sus procesos penales para frenar la actividad del hampa, ven con tristeza que la policía no puede protegerles hasta que el Fiscal lo ordene, en ninguna parte reciben las ampliaciones de denuncios y nadie parece poder ayudarlos. Mientras Jueces y Fiscales se encuentran protestando y exigiendo la nivelación salarial, los delincuentes se fortalecen y obran con audacia cada vez mayor.

El propio Ministro de Trabajo y ex candidato presidencial por el partido liberal, Rafael Pardo Rueda, señaló que al Ejecutivo le preocupa que el paro lleve a la puesta en libertad de "personas que estén en proceso por presuntos delitos de alto impacto o alta peligrosidad".

Y es que el vencimiento de términos sobre privación de la libertad de sindicados o la resolución de la situación jurídica de personas encausadas puede abrir las puertas de las cárceles para los criminales de toda clase de pelambre. Pardo Rueda, coincidió con los representantes de otros sectores sociales al expresar su alarma por la acumulación de "tutelas que tienen que ver con salud, demandas de asistencia alimentaria, notificaciones".

Mientras los empleados de la Rama Judicial, reclaman que el gobierno encabezado por el Presidente Juan Manuel Santos Calderón, cumpla con lo ordenado por la Ley 4 de 1992, que ordena una nivelación o actualización de salarios con una deuda acumulada de 758.000 millones de pesos, la situación creada por el cese de actividades está llegando a límites insostenibles, lo que ha llevado a la ministra de justicia, Ruth Stella Correa Palacio, ha anunciar que solicitará el no pago de salarios a los servidores públicos del sector judicial que se encuentran en paro, “Una cosa es el derecho al paro y otra el derecho a la remuneración. El derecho a la remuneración no se da sino cuando se ha prestado un servicio. Hay que tener en cuenta que los salarios se pagan con dineros del Estado, por eso oficié al Consejo Superior de la Judicatura como a la Fiscalía General de la Nación para que le dé la aplicación a las normas”, dijo la abogada pereirana que desde el 12 de Junio de 2012 se encuentra al frente de ese Despacho.

La Ministra recalcó los esfuerzos del gobierno por llegar a un acuerdo con los sindicatos Asonal Judicial, que agremia a los jueces, y Sintrafisgeneral, que representa a los Fiscales, “Empezamos con un paro el 11 de octubre donde se reclama el derecho a la nivelación salarial, dos días después el Gobierno reconoció el derecho. Propusimos una mesa de 60 días, para que se estableciera el valor de la nivelación y el tiempo para su pago, a lo que no accedió Asonal Judicial, ni los sindicatos, ni las asociaciones, con el argumento de que no creían que fuera a ser real la nivelación”.

Correa Palacio, enumero aquellos puntos que el gobierno accedió a negociar pero que los sindicatos rechazaron, “Llegamos con un propuesta que era de un billón 140 mil millones y un plazo de cinco años (entre el 2013 y 2018). Frente a esta propuesta los representantes de los empleados propusieron que se les reconociera la indexación porque esa propuesta estaba fundada en un estudio del 2010, se accedió a reconocer los 80 mil millones de pesos, pero se les advirtió que como no estaban comprendido en se plan de pago, había que hacerlo en enero de 2019. Este es el tema que no pudo ser conciliado porque ellos pedían que fuera en enero de 2013”, dijo.

Otra cosa piensa Fernando Otálvaro, presidente de Asonal Judicial, quien dijo a los medios locales que “Nosotros mantenemos la diferencia de 80 mil millones de pesos que requerimos para que se inicie el proceso de nivelación tanto en rama como en Fiscalía, a partir del año 2013, sin ninguna diferenciación entre ambas entidades. Nosotros estamos exigiendo un billón 300 mil millones de pesos y la ministra ha ofrecido un billón 220 mil millones”, y agregó que “Es posible que partir del día martes de la próxima semana empecemos a cerrar las URI en todo el país, como en donde el día de hoy se cerró en Medellín en donde por supuesto los cadáveres los tendrá que recoger la Sijin. También se ha ordenado la no remisión de presos por parte del Inpec”, e insinuó que otros funcionarios, como los del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, podrían vincularse al paro en próximas horas, algo que finalmente pareció ser desmentido por el Dr. Carlos Eduardo Valdes, director de la Entidad, quien aseguró que "No, el Instituto Nacional de Medicina Legal no entra al paro, en este momento el Instituto, que también tiene una pretensiones de mejora salarial para sus funcionarios, ha adelantado hasta ahora un proceso en el Ministerio de Hacienda y están en su última etapa", dijo.

La Contralora General, Sandra Morelli Rico, pidió el jueves último que el paro judicial sea declarado ilegal a través de una demanda ante el Tribunal Superior de Barranquilla, Sala Laboral, y le salió al paso a las críticas hechas por algunos sectores sindicales según los cuales su despacho carecería de competencia para intervenir, diciendo que “en la constitución nacional está previsto que le corresponde a la Contraloría interponer las acciones de cara a proteger el patrimonio público”.

Para Morelli Rico, la razón de la intervención de la Contraloría frente al paro de Jueces y Fiscales se basa en que el daño patrimonial que se le causa al Estado le parece "más que evidente (...) estamos hablando de una nómina diaria de más de 2.700 millones de pesos, una infraestructura inutilizada, muchas decisiones judiciales que no se toman y las consecuencias de esto”, además dijo que el servicio de justicia es un servicio público y que al cesar actividades “independientemente de que el reclamo sea justo, con ello se afecta el normal funcionamiento de un Estado”.

Mientras tanto, será el próximo martes cuando el Tribunal Superior de Yopal, Casanare, decidirá la demanda que inicialmente presentó el director territorial del Ministerio de Trabajo para que sea declarado ilegal el paro de Jueces y Fiscales. El Ministerio argumentó en la demanda que 'la actividad de los despachos judiciales es un servicio público, por lo que no puede haber un paro que afecte a la población'.

El presidente del Tribunal Superior de Yopal, magistrado Pedro Pablo Torres Beltrán, será el ponente de la demanda que decidirá la solicitud del Ministerio de Trabajo, mientras que ese Ministerio presentó otra demanda ayer viernes ante la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, pidiendo que “Se declare la ilegalidad de la suspensión o paro colectivo de la actividades de los funcionarios de la rama judicial y de la Fiscalía General el cual viene operando desde el 11 de octubre y que es promovido por Asonal Judicial y Sintra-fisgeneral", y además pidió a la Fiscalía General, la Procuraduría y el Consejo Superior de la Judicatura, el inició de acciones disciplinarias y administrativas contra los funcionarios en paro. El gobierno nacional considera que el paro judicial es ilegal porque está violando lo contemplado en la ley 1200 de 2008, al igual que lo dispuesto en el artículo 56 de la Constitución Política de Colombia y el código sustantivo del trabajo.

Así las cosas, la ciudadanía deberá continuar a la espera que sea un juez el que resuelva la ilegalidad o no del proceder de los otros jueces colombianos.

Con información de: elespectador.com, eluniversal.com.co, http://www.lafm.com.co, caracol.com.co, terra.com.co, Wikipedia.

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Pese a mediación de Garzón sigue Paro Judicial en Colombia.

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