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Resumen de Noticias

Se resalta que la respuesta estatal a las protestas “se caracterizó por el uso excesivo de la fuerza”…
Duros cuestionamientos al gobierno Duque hace informe de CIDH sobre Paro Nacional
El gobierno de Duque Márquez se apartó de los puntos principales afirmando que cuenta con una "institucionalidad robusta y sólida" para garantizar los DDHH


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Bogotá D.C., 7 de julio de 2021. Sala de Redacción de ACCIÓN 13 Noticias. La abogada chilena Antonia Urrejola comisionada y presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer los resultados de la visita que realizó este órgano perteneciente a la OEA, a Colombia del 8 al 10 junio de 2021 en el marco del Paro Nacional y con la finalidad de verificar las condiciones de los Derechos Humanos en el país, observaciones contenidas en un informe que presenta varios cuestionamientos a la forma en que el gobierno del derechista Iván Duque manejó el estallido social.

Duros cuestionamientos al gobierno Duque hace informe de CIDH sobre Paro Nacional

Foto crédito: Captura desde WhatsApp.

En una rueda de prensa, Antonia Urrejola dio a conocer el informe que preparó la delegación de la visita de trabajo de la CIDH a Colombia y que se produjo en el marco del gigantesco estallido social que el país suramericano vivió desde el 28 de abril de 2021.

El informe contiene observaciones bastante serías sobre la forma en que el gobierno del ultraderechista presidente Iván Duque Márquez, manejó las protestas, empezando con las diferencias existentes en las cifras de personas desaparecidas durante las protestas, así como de quienes en ese mismo contexto perdieron la vida. “La Comisión Interamericana considera que estas inconsistencias pueden generar desconfianza de la ciudadanía en las autoridades. Por esta razón, el Estado debe mantener un registro de información consistente, actualizado y público, con participación de la sociedad civil; así como transparencia sobre los criterios utilizados en las investigaciones y sus avances respectivos”, indica el informe.

El informe continúa indicando como “la Comisión señala que el manejo de registros e hipótesis tan dispares sobre las personas fallecidas y lesionadas en el marco de las protestas genera un obstáculo en el acceso a la justicia de las personas que alegan ser víctimas de violaciones de derechos humanos. En cualquier escenario, la dimensión de las cifras reflejadas en los distintos reportes, en términos de pérdidas de vidas humanas, resulta de extrema preocupación para la Comisión y la condena de manera enfática”.

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Esto por cuanto desde los primeros momentos defensores de derechos humanos sostuvieron que las cifras de heridos, muertos y desaparecidos presentados en las protestas eran mucho mayores que los reconocidos por las instancias oficiales, mismas que recurrieron en muchas oportunidades a señalar que muchas de las víctimas fatales se habían producido dentro de circunstancias ajenas a las protestas y que no existían denuncias formales sobre personas desaparecidas realizadas ante la Fiscalía.

Otro punto álgido se presenta en cuanto al uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía y de su escuadrón elite antidisturbios conocido como ESMAD, muchos de cuyos episodios quedaron registrados por cámaras de celulares. “la Comisión considera que la correcta aplicación de los protocolos sobre uso de la fuerza pública deben responder a los criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Ante escenarios complejos el actuar de las autoridades no debe ser indiscriminado, sino que debe individualizar a los actores violentos y distinguirlos respecto de aquellos que ejercen el legítimo derecho de manifestación”, señala el informe.

Y es que hay que recordar que son muchos los casos de participantes en las protestas que resultaron con serias afectaciones traumáticas en sus ojos a causa del uso de dispositivos considerados como no letales y que miembros de la policía disparó hacia el cuerpo de los civiles, en desconocimiento de los protocolos sobre su uso seguro. “el uso de artefactos no letales ha producido lesiones graves, mutilaciones, así como la muerte de al menos una persona. La Comisión recuerda que, bajo ciertas circunstancias, la letalidad de un arma depende de su uso y control. En ese sentido, reafirma al Estado su deber de garantizar la aplicación práctica y efectiva de los protocolos de uso de la fuerza”, dice el informe.

La Comisión también se pronunció sobre aquellos casos, también registrado en videos, donde miembros de la policía disparan armas de fuego contra los manifestantes civiles desarmados, tratándolos como si fueran actores beligerantes en una guerra, lo cual provocó la muerte a algunos manifestantes e incluso transeúntes ajenos a la protesta, y heridas a otros. “el uso de la fuerza letal como recurso de control del orden público en casos de protestas. La Comisión, además, reitera que las armas de fuego y las respectivas municiones deben estar excluidas de los operativos de control de las protestas sociales y que los funcionarios policiales o militares que pudieran entrar en contacto con la manifestación no deben portar armas de fuego”, dice el informe.

La Comisión también se refirió al uso que la policía dio al concepto de traslado por protección de ciudadanos “Cuando la vida e integridad de una persona o de terceros esté en riesgo o peligro”, contenido en el Artículo 155 del Código Nacional de Policía, y que podría haber propiciado casos de violencia y tratos crueles, inhumanos y degradantes, que a su vez podrían configurar tortura, sobre lo cual existen denuncias recogidas por la CDIH.

“Llama la atención de la CIDH el alto número de traslados por protección reportados por el Estado. Adicionalmente, la Comisión recibió denuncias según las cuales no se conocerían los parámetros objetivos utilizados por la policía para realizar tales figuras policiales. En este sentido, se denunció que la detención se habría extendido, en algunos casos, más allá del plazo de 12 horas permitido y en lugares no habilitados. Además, se estaría utilizando esa figura para amedrentar a algunos manifestantes y eludir las exigencias de acreditar la flagrancia u orden judicial para la detención por la presunta comisión de actos delictivos”, dice el informe.



Foto crédito: Divulgación WhatsApp.

Sobre otro aspecto también muy preocupante, el cual es el tema de los desaparecidos durante las protestas y la consecuente represión a estas por parte de la fuerza pública, la CIDH encontró que algunos de los manifestantes reportados como desaparecidos fueron encontrados sin vida y que para el 15 de junio de 2021 aún había 84 casos reportados por la Fiscalía.

Otro punto polémico que llamó la atención de la CIDH fue la orden de asistencia militar la cual fue decretada con la finalidad de lograr el levantamiento de los bloqueos. A juicio de la CIDH “la prohibición absoluta de todo bloqueo, en los términos del decreto, puede tener el efecto de desvirtuar la participación excepcional de las fuerzas militares, evadiendo el análisis de las circunstancias particulares de cada bloqueo y sin que se agoten las medidas menos lesivas como el diálogo. La CIDH considera que esto podría constituir una restricción desproporcionada a la libertad de expresión, manifestación y reunión”.

La CIDH también pone en evidencia que el Decreto 575 del 2021 de asistencia militar no tiene una temporalidad y que por su amplia redacción “sugiere la priorización del uso de las fuerzas armadas con tal finalidad, sin que la intervención esté justificada a la luz de los parámetros que exige el derecho internacional”.

Hay que precisar que, mediante ese decreto, el gobierno de Iván Duque ordenó a los gobernadores del Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Huila, Norte de Santander, Putumayo, Caquetá y Risaralda y a los alcaldes de Cali, Buenaventura, Pasto, Ipiales, Popayán, Yumbo, Buga, Palmira, Bucaramanga, Pereira, Madrid, Facatativá y Neiva que coordinaran con las autoridades militares y de policía del departamento la asistencia militar, esto al tiempo que ordena adoptar las medidas necesarias para levantar los bloqueos que se presenten en las vías de sus jurisdicciones, así como también evitar nuevos.

El 28 de mayo de 2021, el presidente Iván Duque posteó en Twitter que “Queremos anunciar que, ante la alteración del orden público en Cali y el Valle del Cauca, a partir de esta noche se inicia el máximo despliegue de asistencia militar para apoyar la labor de la @PoliciaColombia y el desbloqueo vial, como medida de protección de derechos ciudadanos”

Así mismo la Comisión también se pronunció sobre como los bloqueos ocasionaron vulneraciones al derecho a la vida, a la salud, a la libertad de locomoción y al trabajo y habrían afectado a diferentes sectores económicos del país, incluyendo la producción y distribución de alimentos e insumos básicos, el traslado de pacientes e insumos médicos y el abastecimiento de combustible.



Pero, pese a esto, la Comisión también llamó la atención sobre la forma en que el gobierno de Duque Márquez manejó los bloqueos encontrando preocupante que las “inadmisibles afectaciones provocadas por algunos de los cortes de ruta lleven a que el Estado desatienda su deber de tolerar cierto grado de perturbación con respecto a esta modalidad de protesta. Esto puede tener varias consecuencias. Por un lado, puede contribuir al escalamiento de la tensión social. Por otro lado, puede obstaculizar la gestión del conflicto social desde la perspectiva del diálogo”.

La Comisión también se mostró en desacuerdo con la criminalización que el gobierno de Iván Duque Márquez hace de los bloqueos. “la calificación oficial genérica de los bloqueos como conductas al margen de la ley puede perder de vista las especificidades de cada corte de vía en particular, así como afectar la posibilidad de alcanzar soluciones negociadas por la vía del diálogo y la mediación. Cada uno de los cortes de ruta tiene actores distintos, peticiones diferentes y potenciales efectos sobre derechos fundamentales de terceros que no forman parte de la protesta. En consecuencia, la Comisión recuerda que se deben evaluar las circunstancias caso por caso, procurando la coexistencia entre el ejercicio del derecho humano a la protesta y los derechos fundamentales de terceros”, dijo la CIDH.

La CIDH, reiteró sin embargo, que los objetivos de la protesta que se buscan alcanzar con los bloqueos, no pueden traducirse en la afectación grave de los derechos de terceros. , “dicha modalidad de protesta no puede conllevar a la anulación o suspensión de facto de los derechos de terceras personas que no participan en las manifestaciones. Es deber del Estado garantizar el derecho a la protesta, así como brindar condiciones para el ejercicio de los derechos de terceros que no participan en las manifestaciones. Al mismo tiempo, la Comisión destaca la importancia de que las personas manifestantes que acudan al corte de ruta no pongan en riesgo la vida de las demás personas y permitan la circulación de insumos, servicios y provisiones esenciales”.

En la rueda de prensa en cuyo desarrollo se presentó el informe Antonia Urrejola enfatizó que “Aun cuando los reportes oficiales indican que solo un 11% de los eventos de protesta se derivaron en disturbios, la comisión destaca que estos presentaron graves afectaciones a los derechos humanos tanto de manifestantes como de personas ajenas a la protesta y servidores públicos”, dijo, advirtiendo también como la forma en que el gobierno de Iván Duque respondió a las masivas muestras de inconformidad ciudadana “se caracterizó por el uso excesivo de la fuerza” La presidenta de la CIDH también hizo un llamado para superar la polarización que afecta a Colombia.

Para Urrejola esa polarización “que está presente en diferentes sectores sociales y se manifiesta en discursos estigmatizantes que a su vez propician un acelerado deterioro del debate público. La comisión encuentra dichos recursos muy preocupantes cuando provienen de las autoridades públicas”.

Al respecto habría que anotar que esa polarización se volvió endémica en Colombia y se agudiza en ciertos momentos como ocurrió frente a los diálogos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC, que culminó en un rechazo en las urnas de los acuerdos con los que se buscó poner fin a 50 años de guerra. Esa polarización se reaviva en cada contienda electoral.

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El gobierno de Iván Duque se pronunció ante el extenso informe presentado por la CIDH a través de un comunicado de la Cancillería, donde afirmó que coincide con algunas de las observaciones hechas por la Comisión, específicamente sobre la elaboración de un proyecto de ley estatutaria que regule los alcances y limitaciones del derecho a la reunión y a la manifestación pública y pacífica en Colombia, tarea que -aseguró- será adelantada en las próximas sesiones del Congreso.

En cuanto a la recomendación de la creación de un 'Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos para Colombia, que contribuya a la consolidación de la paz en los diversos sectores de la sociedad', el gobierno de Duque Márquez expresó su total desacuerdo toda vez que, según consideran, se cuenta en Colombia con una "institucionalidad robusta y sólida", que dispone de mecanismos para el seguimiento de denuncias sobre presuntas violaciones a los derechos humanos y hay presencia de más de 20 agencias de la ONU y la OEA.

Otro punto que despertó la más enérgica oposición por parte del gobierno de Duque giró "Sobre la posibilidad que plantea la CIDH de separar a la Policía Nacional del Ministerio de Defensa para "garantizar un entrenamiento que consolide la preservación de la seguridad con enfoque ciudadano y de derechos humanos, y no bajo una perspectiva militar", debe resaltarse que el artículo 218 de la Constitución determina que "la Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de la naturaleza civil, con lo cual con la preocupación de la Comisión acerca del enfoque militar resulta ajena al contenido sustantivo y orgánico de nuestra Carta Política", dice el comunicado.

Al respecto hay que tomar en cuenta que diferentes sectores de la sociedad civil incluyendo el Comité del Paro y varios grupos políticos de oposición han exigido al gobierno de Duque adelantar un proceso de “desmilitarización” de la policía. En Colombia desde los graves disturbios conocidos como el 9 de abril en 1948, que desencadenaron un grave proceso de deterioro social y político conocido como “La violencia”, la policía ha sido adscrita al Ministerio de Defensa Nacional y tomada como una cuarta fuerza armada.

El adoctrinamiento y la formación militar que se le da a la policía para enfrentar lo que se denomina “enemigo interno” y que, en resumidas cuentas, se refiere a la guerrilla, y que por extensión se ha querido aplicar a toda manifestación de pensamiento izquierdista, resultaría contrario a un espíritu de recuperación de la convivencia ciudadana pacifica que debería haber seguido a la firma de los acuerdos de paz, pero que nunca se ha llevado a cabo.

Esa teoría del enemigo interno esta tan vigente en Colombia que, recientemente, el ministro de Defensa, Diego Molano, manifestó públicamente que las llamadas Disidencias de las Farc y del ELN estarían planeando actos vandálicos para el 20 de julio en el país, fecha en que el Comité del Paro ha convocado a nuevas y masivas protestas.

El polémico ministro dijo textualmente que “Sabemos que hay un grupo de organizaciones criminales particularmente Disidencias de las Farc y el ELN que tienen la intención de financiar actividades para que vengan diferentes grupos a desarrollar acciones de vandalismo y bloqueos en las actuaciones del 20 de julio en Popayán”.

Ese tipo de manifestaciones podrían estar preparando una represión a las protestas que se han anunciado para el próximo 20 de julio, con base en la estigmatización.

En últimas, el conflicto social y político en Colombia, parece no tener fin e igualmente, es la traducción de la superposición de diferentes guerras y conflictos inconclusos que han desangrado a los colombianos desde la época de la conquista.



En el video arriba incluido, se observan imágenes que usuarios de las Redes han compartido y donde se apreciarían abusos cometidos por la policía en contra de manifestantes civiles desarmados. Por su contenido violento, YouTube lo restringió y pide que sea visto directamente desde su plataforma, por favor hacer clic en Mirar en YouTube en la pantalla.

Con información de: https://www.elpais.com.co/colombia/las-respuestas-del-gobierno-al-informe-de-la-cidh-sobre-lo-ocurrido-en-durante-el-paro.html, https://www.elpais.com.co/judicial/eln-y-disidencias-planean-vandalismo-para-el-20-de-julio-alerta-mindefensa.html, https://www.lafm.com.co/colombia/madres-de-victimas-de-falsos-positivos-le-piden-los-militares-imputados-testimonio-contra, https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/167.asp, https://digitalrepository.unm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1490&context=abya_yala, https://www.ambitojuridico.com/noticias/general/administracion-publica/decreto-para-restablecer-el-orden-publico-con-asistencia, https://www.vanguardia.com/colombia/duro-informe-de-la-cidh-sobre-la-situacion-en-colombia-en-la-protesta-JE3969821, https://www.elpais.com.co/colombia/lo-que-dice-el-informe-de-la-cidh-luego-de-su-visita-a-por-el-paro-nacional.html, http://www.oas.org/es/cidh/mandato/composicion.asp, https://cl.linkedin.com/in/antonia-urrejola-35ab7538/es, https://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Interamericana_de_Derechos_Humanos.

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